El diputado nacional por Huelva, Tomás Fernández, quiere saber el coste que supondrá esta decisión y si se van a adoptar medidas para compensar a los pescadores afectados
Huelva, 29 de noviembre de 2024. El diputado nacional de VOX por la provincia de
Huelva, Tomás Fernández, ha registrado una pregunta en el Congreso de los
Diputados relativa al cierre inesperado y sin previo aviso de la flota de cerco en el
caladero del Golfo de Cádiz durante el mes de noviembre.
Tras una comunicación del Ministerio en la que se indicaba que a partir del 1 de
noviembre los buques de cerco del Golfo de Cádiz debían dejar de faenar, la flota ha
estado parada, según ha informado la federación en un comunicado.
Una decisión, que tal y como advierte Fernández Ríos, ha tenido que ser asumida por
el sector a un mes de su parada temporal obligatoria (veda), establecida para los
meses de diciembre y enero, con lo que el cierre en noviembre condena a la flota
como mínimo, hasta febrero a no poder faenar, ya que se desconoce también fecha de
apertura.
Ante esta situación, el diputado ha registrado una batería de preguntas sobre los
motivos de esta imposición por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación sin previo aviso a las cofradías de pescadores y sin que exista una
resolución o documento de cierre, tal como denuncian las cofradías.
Además, Tomás Fernández quiere saber si el Gobierno ha analizado el coste que tiene
este cierre anticipado para el sector pesquero, así como si se van a adoptar medidas
encaminadas a compensar a los pescadores afectados.
El diputado nacional de VOX por Huelva ha recordado que precisamente ayer el grupo
Patriotas por Europa, del que forma parte su formación, presentó una iniciativa para evitar la entrada en vigor del Reglamento Delegado de la Comisión Europea de 30 de septiembre de 2024, que modifica el Reglamento (UE) 2019/1241. Este reglamento incluye medidas destinadas a reducir las capturas accidentales de delfines comunes y otros cetáceos pequeños en el Golfo de Vizcaya, y en la práctica
implica una prohibición de pesca durante tres meses el próximo año.
Desde Estrasburgo, la eurodiputada Mireia Borrás denunció la complicidad del Partido
Popular en este ataque al sector pesquero, la votar “en contra del derecho de más de
50 familias del Golfo de Vizcaya a subsistir de la manera en la que saben: faenar en el
mar”.

